El pasado miércoles 2 de noviembre se presentó en la ETSII el informe Tecnologías para el Desarrollo Humano de Comunidades Rurales Aisladas, elaborado por la Real Academia de Ingeniería (RAI) en colaboración con diversos especialistas. El informe, un prolijo trabajo que repasa factores tan determinantes como el suministro de energía y agua, el desarrollo agrícola o el acceso a las TIC de comunidades rurales en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, fue moderado por Javier Pérez de Vargas, Gerente de la RAI, y presentado por José Ignacio Pérez Arriaga, académico de la RAI, y Ana Moreno Romero, profesora de la ETSII-UPM, en calidad de coordinadores, y por los directores de la mayoría de los capítulos.
“El problema que existe en las comunidades rurales aisladas no es un tema exclusivamente tecnológico o económico, sino social: no hablamos sólo de tecnología, sino de tecnología, economía, ciencias sociales y ciencias políticas. Es complejo”, señaló José María Arraiza, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Energía Sin Fronteras y coordinador del capítulo 2: Comunidades rurales aisladas. “No podemos dejar este tema sólo en manos de las ONGs: tienen que participar los políticos. Y también tenemos que dar participación a los beneficiarios”, apuntó.
Durante toda la presentación fueron continuas las referencias al grado de implicación que deberían tener los beneficiarios de las ayudas. Para Lucila Izquierdo, responsable del Área de Estudios de la Fundación Energía sin Fronteras y coordinadora del Capítulo 4: Suministro de energía, una de las claves pasaba porque fueran las empresas locales las que gestionaran las ayudas recibidas con objeto de que “sean los beneficiarios quienes se apropien del servicio para estar motivados a hacer un buen uso de los mismos”. Gonzalo Marín, Director del Área Técnica y Científica de la Fundación Canal de Isabel II y coordinador del Capítulo 5: Suministro de agua potable y saneamiento, apuntilló: “la administración pública debe asumir la gestión de las ayudas, no dejársela en exclusiva a las comunidades locales”.
La participación de la administración pública como garante del buen uso de las ayudas fue otro de los puntos importantes. Según Lucila Izquierdo, “las empresas –foráneas- no están suficientemente incentivadas para suministrar estos servicios”, de tal forma que es complicado acceder a ellas. Aquí entran las administraciones públicas, pues en palabras de Gonzalo Marín “No es lo mismo tener la disponibilidad de pagar que la capacidad de hacerlo”. Para Izquierdo, es fundamental establecer unas subvenciones a los beneficiarios finales para que puedan hacer frente al pago por el uso de los servicios.
El desarrollo de las comunidades rurales aisladas, que aglutina a 2.400 millones de personas, no sólo es trascendental para lograr la mejora en la vida diaria de estas personas, sino también lo es para evitar el éxodo masivo de estas comunidades hacia núcleos urbanos sin capacidad para acoger a estas poblaciones. Para Lucila Izquierdo “Hay posibilidades de lograr la sostenibilidad, pero es necesaria la coordinación de todo el proceso, tanto desde el lado público como desde el privado, y también la regulación de las ayudas y de su llegada”.
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